Producto de un
estudio regional de consulta elaborado por el Instituto Interamericano de
Derechos
Humanos (IIDH), a
distintas Salas y Tribunales Constitucionales en América Latina, se logró
identificar una serie de hallazgos sobre los distintos sistemas de tutela
constitucional para protección de derechos económicos, sociales y culturales.
En una primera fase,
el IIDH elaboró un cuestionario como metodología (Anexo) para levantar información básica respecto del marco
normativo y constitucional sobre el que se sustenta el acceso a la justicia de
los DESC y de los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad. Esa información
fue tabulada con el fin de elaborar unas directrices generales de política en
acceso a la justicia constitucional en materia de DESC que será compartida y
socializada con todas las Cortes y Salas Constitucionales de la región.
Entre los principales
hallazgos de ese estudio, se identificó la existencia de tres modelos de exigibilidad
y justiciabilidad de los DESC:
a)
Un modelo constitucional -el más idóneo-, que permite recursos
de amparo o tutela por violaciones a tratados internacionales de derechos
humanos vigentes en el país y en normas constitucionales de forma autónoma a
violaciones a derechos civiles;
b)
Un modelo que permite amparos por violaciones a DESC en tanto
también haya colateralmente violación a algún derecho fundamental y,
c)
Un modelo que no permite amparo constitucional por violaciones a
tratados internacionales directamente (solo a normas constitucionales).
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