La especial vulnerabilidad
del Patrimonio Arqueológico requiere, además, el concurso de varias
administraciones públicas a todas las escalas competenciales para que tenga
éxito: la coordinación interinstitucional, la cooperación con las administraciones
locales y la relación franca y abierta con los centros de investigación, pueden
ser, en este contexto, las prioridades de la administración cultural en los
próximos años. Por otra parte, no existe aún la conciencia social de que el
Patrimonio Arqueológico es un recurso de la ciudadanía, y la mejor forma de comunicar
esa idea es transmitiendo el compromiso de los poderes públicos en su
conservación para el uso y disfrute del conjunto de la sociedad.

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