Nuestro país tiene el privilegio de albergar diversas
culturas, producto de una serie de procesos socio-históricos ocurridos desde
tiempos pre-colombinos hasta la república (Ministerio de Cultura, 2014a). Esta diversidad
cultural es reconocida por el Estado en su Constitución Política , así como en
diferentes normas y compromisos suscritos en los cuales se reconoce el derecho
a la identidad cultural, a la igualdad y a la no discriminación .
Dada la pluralidad cultural de nuestro país, el Estado
requiere desarrollar una gestión pública intercultural. Esto va en consonancia
con los objetivos de la Reforma y Modernización del Estado, que busca la
construcción de un Estado democrático y al servicio de la población , que permita
generar conf ianza hacia las instituciones y una mejor respuesta a las necesidades de los
ciudadanos. Esto solo se puede lograr tomando en cuenta sus diferencias
culturales y particularidades. Diversos estudios demuestran que la falta de pertinencia
cultural en los servicios públicos limita
el ejercicio de derechos en la ciudadanía (Benavides & Valdivia, 2004; Castro
& Yamada, 2010; Montero & Yamada, 2011), especialmente en poblaciones históricamente excluidas
como las afroperuanas o las indígenas.
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