Las políticas públicas dirigidas a la atención del inmenso
universo del Patrimonio Cultural de la Nación, constituido no sólo por sitios
históricos, sino por una infinidad de bienes incluso muebles y naturales, así
como por manifestaciones tradicionales y contemporáneas de personas o
comunidades, debe articular múltiples variables e instrumentos: algunos del Estado,
otros de la orbita privada y muchos de
dimensión concertada. Entre aquéllos, se destacan las competencias públicas y administrativas,
que en el campo de la cultura parten de un criterio amplio de descentralización
territorial y de servicios, es decir, de las atribuciones propias del Ejecutivo
a través de diversas instancias nacionales, de las entidades territoriales y de
algunas autoridades constitucionalmente reconocidas para la gestión de asuntos
propios.
Las políticas públicas también se basan en los
presupuestos nacionales y territoriales, concebidos como inversión social bajo la
premisa de que éstos se destinan –según conceptos
de la hacienda pública moderna– hacia los llamados bienes colectivos, o lo que
es igual, aquellos de prioritario interés para el desarrollo social, los cuales
por los costos que demandan no pueden dejarse únicamente a la iniciativa particular. Esas líneas de
política suponen asignar, además de los presupuestos
del Estado, un conjunto de incentivos de carácter tributario y no tributario.
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