América Latina es una de las regiones más pobres del mundo. La
gran mayoría de sus países enfrentan problemas sociales comunes que van desde
la pobreza, la exclusión social, las migraciones del campo a la ciudad, hasta
la violencia, la crisis de valores, la corrupción, entre otras situaciones.
Estos problemas han implicado un conjunto de consecuencias
negativas para la infancia, que ha resultado ser la principal afectada.
Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), existen en América Latina al menos 20 millones de niñas, niños y
adolescentes menores de 15 años que trabajan, lo que significa que 1 de cada 5
niños y niñas latinoamericanas está económicamente activo.
Las condiciones en las que trabajan la gran mayoría de estos niños
son deplorables: los ingresos que obtienen son escasos, están sujetos a
jornadas laborales extenuantes para su edad, son víctimas de maltratos, entre
otros problemas. Los niños se ven obligados a trabajar pues los ingresos
familiares son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de
subsistencia. Adicionalmente a ello, existe una percepción social positiva del
trabajo infantil y una aceptación del mismo como instrumento formativo y de
socialización de los niños. Estas percepciones pierden de vista toda
repercusión negativa del trabajo infantil y lo legitiman.
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